Desarrollo rural: Industria extractiva

Por: Migdael Quiñonez

Las cifras económicas presentadas por las instituciones estatales, dan cuenta que en nuestro país, el aporte de la minería no alcanza ni el 1 % del Producto Interno Bruto -PIB- en el 2017, año en el cual las grandes mineras fueron mas afectadas por conflictos sociales y legales luego del repunte que habían logrado en el año 2,016. Entre regalías, cánones, multas e intereses, el Estado obtuvo cerca de 21.5 millones de quetzales, seguramente las cifras del año actual no mejorarán éstas.

El costo ambiental y las pérdidas de recursos naturales no pueden ser justificados por los limitados beneficios económicos que el Estado obtiene, además, la contaminación ambiental que esta actividad provoca, seguramente, tendrá un costo económico elevado en el futuro cuando el país se vea obligado al saneamiento de los recursos afectados dentro de su territorio y en el de los estados vecinos indirectamente.

En el medio rural las cifras de crecimiento económico y de empleo, no muestran una mejora, pese a que los datos presentados por las instituciones estatales no son totalmente coherentes, se debe tener en cuenta que la mayoría de esa contribución, al PIB, resulta afectada por el origen del capital invertido en la minería metálica, debido a que las grandes empresas mineras son originarias de países industrializados y los beneficios económicos mayores son expatriados juntamente con los recursos naturales no renovables de nuestro país.

También la minería no metálica presenta sus defectos que afectan el correcto desarrollo de esta explotación natural, generalmente es mayoritariamente realizada por medianas empresas mineras que cuentan con un importante desarrollo industrial en sus operaciones, sin embargo, son pocas las privilegiadas por el mercantilismo estatal, por lo que no existe una competencia adecuada para impulsar el emprendimiento a este nivel; la pequeña empresa minera y la industria artesanal, se desarrolla en el ámbito de la informalidad y la ilegalidad dada la falta de características prácticas de la normativa estatal, la burocracia y la falta de incentivos para ordenar la actividad a este nivel.

Las estrategias políticas deben enfocarse en el ordenamiento territorial y normativo de la actividad minera en sus diferentes niveles, impulsar el desarrollo empresarial nacional, preservar los recursos naturales no renovables y de alto valor, como elementos de estabilidad económica nacional y materia prima de una potencial industrialización nacional a largo plazo. La industria minera no metálica y de la construcción deben ser abordadas desde una perspectiva de desarrollo rural, combinando las necesidades urgentes tales como: la demanda de vivienda y de infraestructura económica rural, para esto se debe impulsar el emprendimiento empresarial ordenado, responsable y sostenible; combinando la actividad minera, la construcción y la responsabilidad socioambiental se puede alcanzar este objetivo.

Una política transparente para impulsar la construcción de vivienda digna e infraestructura rural de calidad combinadas con una minería nacional responsable, indudablemente reactivará la actividad económica rural.