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Desarrollo industrial y protección del medio ambiente

  • Writer: PSPC
    PSPC
  • Mar 2, 2020
  • 2 min read

Por: Migdael Quiñonez


Los avances que se habían tenido, en materia de mitigación del impacto ambiental, han sufrido un retroceso en los últimos meses; el acuerdo ministerial 204-2019, aprobado en el mes de agosto, es un claro ejemplo de cómo el sistema político se somete a los intereses de algunas élites empresariales, especialmente para favorecer a la industria de palma oleifera y a la agroindustria azucarera; resulta paradójico observar que la producción de caña de azúcar es favorecida, en este acuerdo, al reducir su categoría de impacto ambiental, mientras otros aprovechamientos agrícolas como las frutas tropicales y subtropicales son categorizadas como explotaciones con un impacto ambiental casi triple en relación a la caña de azúcar, pese a que la producción de estas frutas constituyen sistemas agroecológicos.


Sin ser un experto en materia de ciencias políticas y económicas, puedo deducir que la actualización del listado taxativo de instrumentos ambientales, realizada por el ministro de ambiente Alfonso Alonso, responde seguramente a un descarado tráfico de influencias y al mercantilismo estatal característico del sistema guatemalteco.


La transición hacia el desarrollo sostenible debería estar en la agenda política


Lamentablemente en el nuevo gobierno no se avizoran estrategias reales estructurales para impulsar el desarrollo rural y agroindustrial mediante un sistema agroecológico, el sistema sigue respondiendo a los intereses tradicionales, mientras temas como la diversificación agrícola son fundamentales para transformar la matriz productiva de nuestro país, contrario a esto, el sistema sigue premiando con normas cómodas para favorecer sistemas nocivos de monocultivo y sus prácticas agronómicas incompatibles con el mejoramiento del medio ambiente.


Estrategias efectivas coherentes con las buenas prácticas medio ambientales en la agricultura

  • Instrumentos legales efectivos para exigir el cumplimiento de las normas necesarias para el mejoramiento del clima el medio ambiente y los recursos naturales, entre estos, destaca la necesidad de crear una Ley de Agroecología.

  • Política de incentivos económicos rurales enfocados a retribuir las buenas prácticas agrícolas tales como la diversificación, los sistemas agroforestales y una ganadería con equilibrio ambiental mediante la silvicultura; los incentivos para una producción rural sostenible deberían ser transferidos por una dirección técnica o un instituto nacional de Agroecología, por medio de un pago verde o como se le conoce en Europa Greening

  • Gestión de recursos hídricos, edáficos y biodiversidad: subordinados a la dirección técnica de Agroecología debemos crear, los que no existen, y fortalecer los organismos necesarios para propiciar el mejoramiento de los recursos básicos para la Agroecología, tales como los recursos hídricos, suelos y riqueza genética vegetal y animal, debemos fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de Bosques -INAB- y reconstruir al Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola -ICTA- con el fin de propiciar el mejor aprovechamiento económico de nuestros recursos naturales y a la vez, promover su conservación y mejorar el clima y el medio ambiente.

  • Crear los medios técnicos y profesionales para erradicar la corrupción y el clientelismo político, que podría afectar la correcta ejecución de estas estrategias políticas.



Foto: ICTA, Manejo agronómico de cultivo

 
 
 

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